LA REPUDIACIÓN DE LA HERENCIA: REFLEXIONES SOBRE SU ALCANCE.


Confiesa el delito el que huye del Juicio” – Lucio Anneo Séneca.

1.- INTRODUCCIÓN: CONCEPTO.

Según la Real Academia Española, repudiar significa: rechazar algo, no aceptarlo. Y en cierta manera, trasladado a la materia jurídica, se puede resumir fácilmente en dicha definición. Así, la repudiación de la herencia es una figura que suscita diferentes opiniones tanto a civilistas como penalistas, por cuanto genera dudas y reflexiones, comenzando por algo a priori sencillo: la diferencia entre el término repudiación y renuncia, en cuanto a la herencia o legado se refiere.

De esta forma, se puede intuir que el debate nace por que habitualmente se emplean los términos “renunciar” y “repudiar” una herencia de forma indistinta e indiferente. Sin embargo, tienen un alcance jurídico diferente, a saber:

–  La renuncia, en primer lugar, se puede interpretar como un negocio jurídico de carácter abdicativo, que tiene como principal consecuencia la extinción de un derecho, quedando éste abandonado, pudiendo, por ende, ser adquirido por cualquiera.

–  Mientras que, la repudiación, debe entenderse como: aquel acto que manifiesta de forma unilateral y solemne la declaración del deferido rechazando el llamamiento a una atribución patrimonial. Sin adquirir el repudiante el título de heredero o legatario; la doctrina y la jurisprudencia le ha otorgado la calificación de omissio adquiriendi, rehusándose el llamado a hacer propio un derecho.

En cuanto al origen de la repudiación, como puede adivinarse, data del Derecho Romano, donde era calificada como “repudiatio”, y concebida como aquel acto en virtud del cual, el heredero manifestaba su intención de no participar en la herencia que le había sido diferida a su favor; pese a que mantenía numerosos términos para referirse a ella, se encuentran en su origen claros caracteres:

  • Su carácter indivisible, por cuanto no era admisible la repudiación parcial.
  • Su carácter irrevocable.
  • No quedaba, a diferencia de hoy, sujeta a forma alguna

A día de hoy, la repudiación de la herencia de puede conceptuar como un negocio jurídico, voluntario, libre, incondicionado, indivisible, irrevocable, transmisible y retroactivo a partir del cual, el llamado a una herencia manifiesta su voluntad solemne de no ser heredero, es decir, de no aceptarla como tal.

Finalmente, en lo que atañe a la exposición, se encuentran matices, debates doctrinales e interpretaciones bajo una premisa que deviene protagonista: que ocurre cuando el llamado a la herencia o legado, haciendo valer su “ius delationis” repudia la herencia, y como consecuencia de ello, genera efectos -en principio, perjudiciales- para sus acreedores.

 2.- LA REPUDIACIÓN DE LA HERENCIA EN FRAUDE DE ACREEDORES.

Por lo expuesto, el escenario en el que se debe centrar el estudio reside en la siguiente premisa: aquella repudiación ejercitada por el llamado a la herencia, frustrando una expectativa sobre terceros acreedores, al estropear sus esperanzas en que su deudor mejore su situación patrimonial, y, en definitiva, obtenga liquidez suficiente para satisfacer sus deudas.

Tras el llamamiento a la herencia o legado, nace en consecuencia, una expectativa de cobro para el acreedor, por cuanto, para hacer valer su derecho de crédito, queda a las expensas del llamado a la herencia, y su ejecución del ius delationis.

Y es que los acreedores del repudiante -lógicamente- mantienen un interés certero en que el llamado a la herencia acepte, favoreciendo de forma indirecta su derecho de crédito, esperando de buena fe, que trate de solventar sus créditos. Sin ser óbice reconocer, que se trata de una expectativa absolutamente relativa, incierta, que queda bajo la voluntad del llamado, y viene a responder de su naturaleza de obligación intuitu personae, y como consecuencia impide acudir -sin perjuicio de otras acciones- a la subrogatoria del artículo 1.111 del Código Civil, y responde de igual forma a la naturaleza que le otorga el artículo 988 del Código Civil: como acto libre y voluntario.

En este momento, se debe plantear la siguiente cuestión ¿qué consecuencias se generan para el acreedor que el llamado a la herencia, y deudor respectivamente, rechace la posibilidad de mejorar su patrimonio?: la negativa del llamado a renunciar supone un escenario -en principio- perjudicial para el acreedor, siempre que el causal hereditario arroje un saldo positivo para el heredero. No obstante, para hacer valer su crédito, y atendiendo lógicamente a la casuística, los terceros acreedores podrán utilizar las herramientas que le otorgan el orden civil o penal.

De esta forma, la renuncia en fraude de acreedores se puede calificar como una lesión sobre la expectativa del derecho de cobro del acreedor sobre la esperable solvencia del deudor -siempre que le suponga un activo-.

Aunque hemos considerado que la mejor calificación para este escenario, es la de repudiación en fraude de acreedores, no obstante, ha sido calificada en la Doctrina civilista autorizada a través de distintas denominaciones:

  • Disminución de la solvencia patrimonial del repudiante.
  • Acto de empobrecimiento por omisión.
  • Ausencia deliberada de enriquecimiento del deudor.
  • Repudiación o renuncia en fraude de acreedores.

La gran dificultad que se plantea sobre esta línea es: si se califica la repudiación de la herencia como una forma deliberada de disminuir la solvencia de un patrimonio perjudicando a terceros, ¿qué prima? ¿qué es prioritario?, ¿la libertad del llamado para ejercitar el ius delationis? ¿o el derecho de cobro del acreedor?; así, surge una difícil cuestión alrededor del verdadero alcance como acto voluntario e indelegable de la repudiación, por que legítimamente, se puede cuestionar la compatibilidad con la lesión al tercero acreedor, al frustrar su expectativa de cobro de forma innecesaria. Visto desde su perspectiva, el deudor está rechazando la posibilidad de liquidar sus deudas, y alcanzar el estado patrimonial que, de buena fe, puede esperarse.

Sin embargo, dicha perspectiva debe filtrarse con matices, pues piénsese:

  • En la repudiación no existe una alteración patrimonial del deudor realmente, se frustra una mera expectativa incierta, que queda bajo la voluntad y la libertad de decisión del llamado, recordándose que nadie puede ser privado de su libertad, artículo 20 de la Constitución española.
  • En todo caso, en ocasiones, se presume que la aceptación de la herencia va a suponer un activo de forma automática, cuando surgirá no más de pocas ocasiones, que la repudiación en cierta forma favorezca al acreedor, en tanto que viene a evitar mayor aumento del pasivo del repudiante.
  • O, por otro lado, en el escenario en el que sea prioritario el derecho de crédito del acreedor, en tanto que ha supuesto un fraude o abuso de derecho, puede interpretarse como una lesión de la legítima o, incluso, de la propia voluntad del testador que, de buena fe, espera que sus bienes permanezcan en su estirpe – en caso de herencia testada-.
  • Amén de la repercusión que trae consigo para terceros sucesores, en tanto que privar el derecho de aceptar o no la cuota hereditaria, puede crear perjuicios patrimoniales, v.gr. a través del nacimiento de un condominio insalvable.

En definitiva, el alcance de la repudiación, sus consecuencias respecto a terceros, y el equilibrio entre la libertad del llamado, y el derecho de cobro del acreedor adquiere un protagonismo superior, y que suscita lógicas dudas.

3.- REPERCUSIÓN PENAL: VINCULACIÓN CON EL DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES.

¿Qué vinculación existe entre la figura de la repudiación de la herencia, y el delito de alzamiento de bienes? Pues bien, el delito de alzamiento de bienes, tipificado por el artículo 257 del Código Penal, e incluido como insolvencia punible, presenta un denominador común con las homónimas figuras: entraña la situación de insolvencia en la que el sujeto pasivo se ve envuelto, operando con el patrimonio propio, aunque el resultado se proyecte y tenga efectos perjudiciales en último término, sobre los intereses económicos ajenos.

Históricamente, el concepto de alzamiento se remonta al Fuero Real y a las Partidas, donde se concedía al acreedor el derecho de buscar al deudor que hubiere huido de la tierra antes de saldar sus deudas, ampliándose posteriormente, para concebirlo como aquel acto en el que el sujeto “que alzaren sus bienes, aunque sus personas no se ausenten”

Así, requiere fundamentalmente una situación de insolvencia: como aquella situación o estado de hecho caracterizado por un desequilibrio patrimonial, donde el pasivo impide la realización del activo en favor del acreedor, generándose además un escenario protagonizado por la ausencia de nuevos rendimientos que motiven un cambio de circunstancias. Matizando la doctrina y la jurisprudencia, que se trata de un concepto diferente de la falta de liquidez, o la simple insuficiencia. Y recordando que, hablamos de una insolvencia destinada a burlar la eficacia de un orden jurídico creado para la defensa de los intereses del acreedor, siendo decisivo la frustración de la ejecución de las pretensiones de los acreedores fundadas en obligaciones asumidas por el autor.

En este sentido, se pronuncia la Sentencia del TS de 10 de julio de 1992, al determinar que lo fundamental residía en que: “.. no se pudo realizar traba sobre bienes propios del acusado, por lo que en última instancia, hace inefectivo los derechos de los acreedores, deviniendo estéril el ejercicio normal de sus pretensiones”; o en la Sentencia de 26 de diciembre de 1989 del TS, afirmando que lo decisivo no es, en cada caso, ejercitar los preceptivos cálculos respecto al patrimonio deudor, para descubrir si posee o no mayor activo que pasivo, sino que, -con la ocultación de los bienes- se haya interpuesto un obstáculo para éxito de la ejecución.

Es indudable, que la vinculación del negocio jurídico de la repudiación, con el alzamiento de bienes ha sido objeto de estudio por penalistas y civilistas, en tanto si es posible admitir un delito de alzamiento de bienes, en este caso, por ejecutar de forma dolosa la repudiación de la herencia: ciertamente surgen acertadas dudas sobre la existencia de un deber de actuar sobre el deudor, incurriendo en el delito de forma activa u omisiva, en perjuicio de acreedores. En principio, se debe reiterar la libertad del heredero para aceptar o repudiar la herencia, al regularse en el Código Civil como un acto de carácter personalísimo.

De la propia interpretación literal del artículo 257 del Código Penal, se puede concluir algunas cuestiones, recordándose a estos efectos que viene a establecer:

1.- Que el tipo consiste en la sustracción u ocultación que el deudor hace de todo o parte de su activo.

2.- Y cuya principal consecuencia reside en que el deudor encuentre serias dificultades para hallar bienes con los que poder liquidar su deuda con el deudor.

Es decir, una actuación sobre bienes propios a través del desvío u ocultación, con el fin de mostrarse aparentemente insolvente, parcial o total, frustrando en los acreedores la ejecución del derecho de crédito, que constituye, por lo tanto, el bien jurídico protegido por la norma. Una insolvencia entendida como un estado de hecho, de desequilibrio patrimonial entre el patrimonio realizable y las prestaciones exigibles.

En el tipo subjetivo, debe concurrir en todo caso, un ánimo absoluto de defraudar las legítimas expectativas de los acreedores de cobrar sus créditos, señalándose por la Jurisprudencia aplicable que esa intencionalidad directa ha de inferirse necesariamente de los actos realizados por el deudor en orden de provocar su insolvencia, que normalmente consiste en la transmisión de sus bienes a sus familiares o personas de confianza.

Pero siguiéndose con la lectura del artículo 257 del Código Penal, parece acentuarse que la conducta típica requiere una conducta activa: ejercitando un acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones, que impida el éxito en la reclamación del crédito del acreedor. Y además determina de forma expresa: «el que se alce con sus bienes…» por ende, el tipo gira en torno a la sustracción de bienes propios, que hayan sido aceptados por el llamado a la herencia, y que posteriormente hayan sido ocultados o distraídos para mostrarse insolvente.

Recapitulando, si se ejerce una mera interpretación literal, requiere que los bienes de la herencia formen parte previamente del patrimonio del repudiante, para que éste a su vez pueda desviarlos u ocultarlos a fin de mostrar una insolvencia en fraude.

Otro escenario diferente puede residir, en el caso que el coheredero en connivencia con los demás herederos decida repudiar su parte -a efectos públicos-, para posteriormente ser satisfecha la cuota hereditaria repudiada, evidentemente eludiendo responsabilidades legales, fiscales, y con la meritada repercusión penal. Piénsese en los habituales escenarios propuestos a través del “yo renuncio en favor de…”.

Si se es consciente de la existencia de una connivencia entre los llamados a la herencia, ejercitando acciones en fraude de terceros, o abusando del juego de los derechos hereditarios, puede identificarse plenamente el tipo penal: pues ya es conocido que consiste en una actuación sobre los propios bienes destinada a mostrarse real o aparentemente insolvente, parcial o totalmente, frente a todos o parte de los acreedores, con el propósito de frustrar los créditos de terceros, entrando en la delgada línea de la estafa, y con la participación de colaboradores necesarios -coherederos-.

Así, el mencionado escenario de, “renuncia a favor de otra persona” constituye un gravamen que impide o dificulta la realización ejecutiva, pese a tratarse de un negocio jurídico real, amén de sus posibles repercusiones tributarias, a través del Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto Sobre el Incremento de los Valores de los Terrenos de Naturaleza Urbana, o incluso a efectos del Impuesto Sobre la Renta, dependiendo del escenario posterior.

Dicho sea de paso, otro matiz importante reside en determinar si – a efectos penales- debe ser una deuda anterior al negocio jurídico fraudulento, o posterior. En ese sentido se pronuncia, v.gr. la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, en Sentencia 4/2017, donde determina: “ en el presente caso, las obligaciones que resultaron impagadas se generaron después de la donación” haciendo referencia el asunto a una desviación del heredero a través de donación a su hijo, añadiendo que la propia Jurisprudencia del Tribunal Supremo, desde hace ya tiempo, dejó de exigir para apreciar el delito de alzamiento de bienes, la existencia de una deuda vencida, líquida y exigible previa a la conducta típica. Lejos de ese esquema, el delito puede consumarse ante el simple temor de que una deuda existente, aunque todavía no haya vencido, pueda ser objeto de reclamación, y también puede cometerse, aunque la deuda no haya emergido aun al campo del derecho obligacional, bastando por tanto con que exista la expectativa fundada de que la reclamación crediticia pueda ser emprendida en cualquier momento – piénsese en futuros impagos de rentas arrendaticias, v.gr.-.

3.1.- REPUDIACIÓN A LA HERENCIA COMO DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES POR OMISIÓN.

¿Se puede considerar -en su caso- la repudiación de la herencia como un delito de alzamiento de bienes por omisión?; pues bien, en primer lugar, se debe plantear si quiera la posibilidad de que exista la figura de alzamiento de bienes por omisión, en tanto que el Código Penal requiere una conducta activa.

Quizás sea más sencillo, para identificar este supuesto, pensar en aquel deudor que, habiendo sido requerido por autoridad judicial, omite declarar los bienes que posee, en vinculación con un embargo a su patrimonio.

Ciertamente, la cuestión se reduce en considerar que la repudiación a la herencia es una omisión, o al verse envuelta en un acto de solemnidad expreso debe considerarse como un acto positivo.

Algunas voces entienden que, en todo caso, no existe delito de alzamiento de bienes, siempre que el llamado a la herencia no ejerza ninguna decisión sobre el ius delationis; pues en el caso que el heredero repudie a la herencia, esta repudiación es interpretada como un acto positivo: y es que aunque se trate de un negocio jurídico “omissio adquiriendi, se cumpliría el tipo penal al repudiar de forma expresa mediante acto solemne, y todo ello de conformidad con lo dispuesto con el artículo 1.001 del Código Civil.

No obstante, aunque pudiera interpretarse que es un real acto positivo, siguen permaneciendo dudas sobre si el resto del tipo penal es identificado con la situación, en conexión con lo ya expuesto:

  • La interpretación literal del propio art 257 del Código Penal.
  • Porque la solvencia del deudor permanece inalterable, quedando a expensar de una expectativa de mejora, caso de haber aceptado una herencia beneficiosa
  • No se determina una disminución del patrimonio: no existe salida, ocultación, o pérdida en fraude.
  • No aumenta el pasivo del deudor, al no contraerse nuevas deudas, ni tampoco aumenta de valor los créditos de los acreedores.

4.- ALGUNOS PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES.

Ejemplificador es el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Granada, de 27 de febrero de 2003, donde se determina expresamente que la acción constitutiva del delito de Alzamiento de bienes, consiste en insolventarse, lográndose de diversas formas, y donde deviene esencial: la existencia de una disminución del patrimonio del deudor; Mas allá, menciona que la aceptación de la herencia, es un acto voluntario y libre, del que nadie puede verse obligado o compelido a aceptarla, y tanto que no se acepte calificándose a todos los efectos como heredero, “…no se es titular del patrimonio integrante del caudal hereditario, la repudiación de la herencia no es un acto de disposición que disminuya el patrimonio del repudiante, pues los bienes pertenecientes a la herencia no han llegado a formar parte, nunca, de su patrimonio”.

Añade el pronunciamiento judicial, la posibilidad que tienen los acreedores de iniciar la acción del artículo 1001 del CC, permitiendo a estos solicitar en instancia judicial que los autorice para aceptarla en nombre del llamado a la herencia.

Expone expresamente: “…tampoco hay que olvidar, sino subrayar, que tanto la aceptación como la repudiación de la herencia son actos enteramente voluntarios y libres, según dice el art. 988 del CC; responden a la voluntad y libre decisión del llamado a la herencia; a nadie se le impone necesaria o forzosamente la sucesión, de modo que, por el solo hecho de repudiar una herencia -derecho legalmente reconocido- no puede concluirse que sea una acción antijurídica. Por consiguiente, es erróneo, a criterio del Tribunal, en función de la doctrina expuesta, decir que el acusado ingresó en su patrimonio unos bienes y que salieron por efecto de la renuncia, pues nunca los ingresó -ni estaba obligado- y, por tanto, como es lógica consecuencia, nunca salieron.”

Bajo este mismo prisma, se mantiene la Audiencia Provincial de Burgos en sentencia de 16 de enero de 1.993, donde refuerza y determina que la principal herramienta que tiene el acreedor perjudicado ante la repudiación simple del llamado es acudir a la acción civil del artículo 1.001 del CC: “…ahora bien, es evidente que ese dejar de ingresar puede derivar consecuencias jurídicas patrimoniales para otras personas, como son los acreedores. Pero tal cosa, está contemplada por el Ordenamiento Jurídico…”.

Volviéndose a mencionar sobre la posibilidad que el derecho civil ofrece a los acreedores de hacer valer su derecho de crédito afectado por la repudiación del llamado, a través de dicha acción que califica como “iure et nomine propio”, aplicándose al pago de sus créditos la porción correspondiente de la herencia renunciado.

Y como en el anterior pronunciamiento, vuelve a exponerse una premisa clara: si no hay ingreso ni salida de bienes del patrimonio del deudor, no se impide a los acreedores satisfacer sus créditos, no cabe hablar de alzamiento de bienes, en sentido técnico-jurídico.

5.- ACCIÓN CIVIL.

De esta forma, y de conformidad con algunos de los pronunciamientos descritos, nada impide al interesado acudir a la sanción del artículo 1002 del Código Civil, y con apoyo a la acción del 1001 del CC, que permite privar al sucesor de repudiar la herencia. Se simplifica en la idea de que en los casos en que la repudiación de la herencia genere un perjuicio patrimonial, los terceros afectados pueden ejercitar la acción prevista en el 1001 CC: se les concede a aquellos la posibilidad de que previa autorización judicial, puedan aceptar la herencia en nombre de aquel, pero limitado en cuanto a la cuota que sea suficiente para cubrir el importe de sus crédito; concluyendo el precepto que, en el caso de existir exceso, no pertenecerá en ningún caso al renunciante, si no que se adjudicará a las personas a quienes corresponda según las normas establecidas en el Código Civil.

Se plantea por la Doctrina si esta acción debe ser calificada como una acción subrogatoria; ciertamente se ha consensuado que los acreedores ejercitan un derecho que les concede la ley, pero no por ello se convierten en herederos o sustitutos vulgares – con los importantes efectos que ello conlleva-; en la práctica se traduce en ejercitar una subrogación a través de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, que en el caso de oposición, se solventará a través del preceptivo cauce del juicio verbal u ordinario, en virtud de la cuantía.

A diferencia de la línea penal, si será necesario que el acreedor esté suficientemente legitimado para iniciar la acción, esto es, que ostenten un crédito: líquido, exigible y existente a la fecha de inicio.

A su vez, los acreedores se encontrarán, sujetos a plazo para ejercitar la acción, acudiéndose al artículo 1.299 del Código Civil, que viene a establecer de forma expresa: “la acción para pedir la rescisión dura cuatro años”, en plena aplicación analógica a la celebración de un contrato, en tanto que la acción de ejercicio de los acreedores a tenor del artículo 1290, dispone que los contratos pueden rescindirse en los casos establecidos por la Ley, siendo rescindibles los celebrados en fraude de acreedores, según el 1293 CC.

Sea como fuere, se considera una acción de carácter excepcional en nuestro Ordenamiento Jurídico, al no existir acción análoga que permita al acreedor actuar directamente sobre los bienes que le hubieren correspondido; y en todo caso con un marcado carácter subsidiario: por que los acreedores sólo podrán hacer uso de esta acción en el caso de que carezcan de otra herramienta para saldar su derecho de crédito frente al llamado-deudor.

6.- CONCLUSIONES.

En ocasiones, la naturaleza humana tiene a engañarse a sí misma, sesga su propia opinión y argumentación, y tiende a considerar que sus propias acciones no tendrán consecuencias bajo un pequeño marco. Pero ciertamente, acciones a priori sencillas y simples pueden traer consecuencias según el caso, y todo ello en una línea tan emocional y delicada como la del Derecho de Sucesiones.

En este sentido, puede concluirse que repudiar a la herencia es un negocio jurídico que puede traer consecuencias de trascendencia penal o civil, a depender de las circunstancias de la herencia, y de la situación patrimonial de los llamados a adquirirla. La confusión terminológica del Código Civil, la interpretación del negocio jurídico activo u omisivo y la dificultad de calificar las consecuencias que producen, hacen que se trate de una acción con ciertos tintes estratégicos, y que requiere ser conscientes de su trascendencia.

Habiéndose analizado las cuestiones más llamativas, quizás lo más relevante bajo nuestra opinión reside en la difícil elección entre la libertad del repudiante para constituirse como tal, frente al derecho de cobro de terceros perjudicados, y hace por ende, que merezca de una reformulación de la figura a efectos civiles. Y como habitualmente ocurre en el terreno jurídico, las interpretaciones, los debates, y los matices de las figuras tienden y hacen necesario concluir que, el alcance de una repudiación a la herencia, podrá determinarse según la casuística, y según el escenario en el que se desarrolle.